¿CATALUÑA EN LA UE?

06-05-2014
  • La permanencia o no de Cataluña dentro de la Unión Europea, en caso de una hipotética secesión de España es una cuestión de gran importancia. Si Cataluña queda excluida de la UE, ello tendría consecuencias económicas muy negativas: quedaría excluida de la zona euro y de las facilidades del Banco Central Europeo; sus exportaciones quedarían sujetas a aranceles, lo que supondría una caída de las mismas; la refinanciación de su deuda sería problemática… Todo ello conduciría a un fuerte empobrecimiento en el corto plazo, que algunos estudios cifran en una caída de alrededor del 20% del PIB catalán.

    A partir de ese momento, Cataluña tendría que solicitar su entrada en la UE de acuerdo con el procedimiento establecido en el Tratado (art. 49), lo que llevaría un tiempo indeterminado y, lo que es más importante, requeriría la aprobación de los 28 miembros por unanimidad.

    Las encuestas de opinión parecen indicar que esta cuestión sería relevante para una parte importante del electorado catalán, que quizá no aprobaría esta hipotética secesión si ello conllevase quedar excluidos de la Unión Europea.

    Lo cierto es que, pese a las reiteradas afirmaciones de los partidarios de la secesión, la misma supondría, de forma automática, la exclusión de Cataluña de la Unión Europea. Desde el mismo momento de su hipotética independencia, Cataluña, de acuerdo con la normativa europea (y esto no es interpretable ni susceptible de negociación) se convertiría en un “Estado tercero”, y en consecuencia no le serían de aplicación los Tratados de la Unión Europea (TUE).

    Ello se deduce claramente del texto del TUE, y ha sido recordado reiteradamente por un buen número de personalidades de la Unión: el Presidente de la Comisión Durao Barroso, el Presidente del Consejo Van Rompuy, los Comisarios Almunia y Reding, el anterior Presidente del Eurogrupo y candidato a la Presidencia de la Comisión Juncker, y el Presidente del Parlamento Europeo Schultz, entre otros.

    Pese a todas estas manifestaciones, y pese a que una simple lectura del Tratado corroboren este hecho evidente, los partidarios de la secesión se niegan a admitirlo, y continúan insistiendo a los ciudadanos catalanes en que una Cataluña independiente permanecería en la UE.

    Esta Nota pretende exponer los fundamentos legales que avalan la exclusión de una hipotética Cataluña independiente respecto a la UE, y comentar los argumentos en contra. Su pretensión es, simplemente, contribuir al conocimiento de dichos fundamentos, entendiendo que la defensa de cualquier objetivo secesionista se debe basar en premisas realistas.

    Ante todo, se debe partir del hecho de que el texto del TUE deja claro que una secesión de Cataluña la dejaría fuera de la UE. Cataluña no sería expulsada de la UE. No se iniciaría ningún procedimiento de expulsión, ni se produciría debate alguno. Simplemente Cataluña quedaría fuera de forma automática en el mismo momento en que se constituyese como Estado independiente. La puerta de salida es una sola: al salir de España se está saliendo a la vez de la UE. Y ello tanto si se tratase de una secesión unilateral como si fuese pactada. Lo mismo sucedería a Escocia, aunque su secesión del Reino Unido se efectuase de forma legal.

    La razón es que la Unión Europea es un tratado entre Estados: son miembros de la Unión los Estados signatarios del TUE, que, como tales, figuran específicamente enumerados en el mismo.

    Son miembros de la UE, y sólo ellos, los 28 Estados listados en el mismo Preámbulo del TUE (texto consolidado). Lista que también se repite en el artículo 52.

    El art. 1 del TUE señala: “Por el presente Tratado las Altas Partes Contratantes constituyen entre sí una Unión Europea…”

    A su vez el art. 52.1 señala: “Los Tratados se aplicarán a (…)”, enumerando a continuación los 28 Estados miembros.

    Por su parte el art. 4.2 establece que “la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos… Respetará las funciones especiales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial…”

    Frente esta evidencia, y a las reiteradas manifestaciones en el mismo sentido por parte de personalidades comunitarias como las antes citadas, se aducen argumentos contrarios como los siguientes:

    1. “No se puede privar a los catalanes de su ciudadanía europea”.

    Tal argumento ignora que la ciudadanía europea no es originaria sino derivada. Se es ciudadano europeo por ser, y en la medida en que se es, ciudadano de un Estado miembro. Los catalanes son ciudadanos europeos en la medida en que son ciudadanos españoles, como los escoceses lo son por ser ciudadanos británicos. Si se pierde la condición de ciudadano de un Estado miembro, se pierde la condición de ciudadano europeo.
    Así lo expresa claramente el art. 9 del TUE: “Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla”.

    2. Como derivada del argumento anterior se ha alegado que “los catalanes podrían tener doble nacionalidad, catalana y española, conservando por tal vía la ciudadanía europea”.

    Este segundo argumento olvida que los miembros de la UE son los Estados, no las personas. Aun suponiendo que los ciudadanos catalanes pudiesen conservar la nacionalidad española (decisión que en todo caso competería a España, no a Cataluña) ello no implica que el hipotético Estado catalán pudiese pertenecer a la UE. Como no pertenecía a ella un Estado iberoamericano cuyos ciudadanos disfrutasen de doble nacionalidad.

    3. Otro argumento esgrime que “el Derecho Internacional establece que los tratados firmados por el Estado predecesor pasan directamente al Estado sucesor, y por tanto Cataluña se subrogaría del Tratado UE firmado por España”.

    La primera parte de la anterior afirmación puede ser cierta, pero no la segunda: Cataluña no sería Estado sucesor. El Estado sucesor sería España (el resto de España). Cataluña sería solo una parte secesionista del Estado, y no cabría por tanto tal subrogación. Esto ha quedado meridianamente claro en el caso de Escocia. Quien permanecería en la UE sería el resto del Reino Unido.

    4. El alegato más insistentemente repetido por los secesionistas es que, “aunque desde el punto de vista jurídico, y según el texto de los Tratados, Cataluña quedara excluida de la UE, esto no llegaría a suceder porque se buscaría una solución política. La UE no puede prescindir de Cataluña, un país rico, contribuyente neto al Presupuesto comunitario, y con una población que es un importante mercado y fuente de riqueza para la UE”.

    Este argumento expresa los deseos y esperanzas de los secesionistas, pero no la realidad. Los únicos miembros de la UE son los 28 Estados específicamente enumerados en el Preámbulo y en el art. 52 del TUE. Añadir un Estado más a la lista significa aumentar el número de miembros de 28 a 29, y eso significa, se mire como se mire, modificar el Tratado. Y el Tratado no se puede modificar sin más, por una “decisión política”.
    Las reformas del Tratado consistentes en aumentar el número de miembros efectivamente suponen una “decisión política”, solo que de acuerdo con un procedimiento, que es el que establece el art. 49 del TUE. Y esa “decisión política” requiere unanimidad. Basta que un Estado miembro se oponga para que el candidato no pueda convertirse en nuevo Estado miembro.
    Una Cataluña convertida en Estado independiente tendría que solicitar la adhesión de acuerdo con el artículo citado, según el procedimiento de negociación que establecen las normas, y ser aceptado de forma unánime por los 28 Estados miembros. Se puede especular sobre la duración del período de negociación, pero no, sobre el procedimiento. Y durante dicho período Cataluña estaría excluida de la zona aduanera y de libre comercio de la UE, de las ayudas comunitarias y de la zona euro.
    Especular con una solución consistente en que los 28 Estados miembros unánimemente decidieran modificar directamente el Tratado y añadir sin más un nuevo Estado a la lista es sencillamente imposible. Se debe recordar que las modificaciones del Tratado requieren incluso, según el caso, la aprobación de los Parlamentos nacionales.
    En concreto, el art. 49 establece que cuando un Estado solicitante formalice su petición de adhesión “dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión, y previa aprobación del Parlamento Europeo (…)”. Y añade que el acuerdo final que eventualmente se alcanzase “se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales”.

    5. También se argumenta que “aunque Cataluña quedase fuera de la UE, podría seguir con el Euro, que es lo que en realidad importa”.

    Es cierto que Cataluña puede adoptar el euro como moneda. Cualquier país del mundo puede hacerlo. Pero eso no significa “estar en el Euro”.
    Pertenecer a la Zona Euro significa a) participar en la toma de decisiones del Banco Central Europeo (BCE), b) que los bancos nacionales puedan recurrir a la financiación del BCE, c) que los bancos nacionales puedan participar en el sistema de pagos, compensación y liquidación del BCE.
    Los bancos catalanes de una Cataluña independiente no podrían hacer ninguna de esas cosas, al no formar parte de la UE. Y ello no se podría obviar abriendo sucursales en el territorio de la Zona Euro para, desde ellas, financiarse en el BCE y transferir los fondos a la matriz catalana. Tal mecanismo no está permitido (de ser posible tal procedimiento, cualquier banco de cualquier país podría financiarse con el BCE simplemente abriendo sucursales en países de la Zona Euro).

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