El largo adiós: El Reino Unido en el camino del brexit

11-08-2017
  • Dos fechas para la Historia: El 23 de junio de 2016 el pueblo británico decidió en referéndum el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Y nueve meses después, el 29 de marzo de 2017, la Primera Ministra, Theresa May, cumplió tal deseo al comunicar formalmente al Consejo Europeo la intención del Reino Unido de retirarse de la Unión.

    Cómo y por qué el pueblo británico llegó a esa decisión en el referéndum ha sido objeto de análisis en multitud de documentos. Pero ya es historia. Como lo es también lo acontecido en los nueve meses que discurren entre la dimisión del Premier Cameron y la notificación de retirada por su sucesora. De nada de ello nos vamos a ocupar aquí. Ahora la cuestión relevante es cómo se sustanciará el proceso de retirada. Cuánto durará. Cuál puede ser la nueva clase de relación que se negocie entre el Reino Unido y la Unión Europea futura de 27 miembros.

    Ninguna de esas cuestiones tiene fácil respuesta, por cuanto nos adentramos en terreno desconocido. Algunas incógnitas se están ya despejando, pero quedan otras muchas. Por ejemplo, cuáles serán los resultados de las citas electorales en algunos países europeos (incluyendo el propio Reino Unido), y qué efecto van a tener en el proceso del Brexit. Advirtiendo que, en todo caso, la naturaleza de la relación futura del Reino Unido con la UE estará marcada por la incertidumbre durante todo el tiempo que la negociación dure.

    El procedimiento de negociación

    Comencemos por recordar que el primitivo Tratado de Roma no preveía que ningún Estado Miembro pudiera ser expulsado de la Comunidad Europea, ni tampoco que ninguno pudiera abandonarla por iniciativa propia. Fue más tarde el Tratado de Lisboa (2007) el que introdujo un artículo que permitía a los países abandonar la Unión (no así ser expulsados), aun cuando en aquel momento nadie imaginase que tal cosa fuera a suceder.

    En el actual Tratado de la Unión Europea (TUE) tal posibilidad de salida voluntaria está contemplada y regulada en el artículo 50, el cual a su vez remite a los artículos 218.3 y 238.3.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Tales artículos determinan el procedimiento siguiente:

    • 1. Queda ante todo claro que la retirada de un Estado miembro es decisión soberana de dicho Estado (art.50.1 TUE). Ni la Unión, ni los restantes miembros pueden impedirla. De hecho, el proceso de “desenganche” no comienza hasta que el Estado en cuestión comunique al Consejo Europeo su intención de retirarse. Y hasta que esa retirada se haya consumado dicho Estado continúa siendo miembro de la Unión con todos los derechos y obligaciones (plena participación en todos los órganos de la UE, derecho de voto, obligación de aplicar los Reglamentos y transponer las Directivas que se vayan dictando…), sin más limitación que la de no poder, lógicamente, participar en las deliberaciones ni decisiones que le afecten.
      En el caso que nos ocupa, este trámite ha sido ya cumplido con la carta remitida por la Primera Ministra británica al Presidente del Consejo Europeo de 29 de marzo en la que le comunica la intención británica de retirarse de la Unión. Carta en la que además la premier May avanza sus propuestas acerca de la relación futura del Reino Unido con la UE.
    • 2. Una vez producida esa notificación, el artículo 50.2 del TUE establece que el Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno de los 27) debe adoptar por consenso (es decir, por unanimidad) las orientaciones sobre la retirada ordenada el país en cuestión. Tales orientaciones deben definir los principios generales que la Unión Europea ha de observar durante las negociaciones, y que han de basarse en el interés común de la UE y de sus Estados miembros.
      Este trámite se ha sustanciado también. El mismo día 29 el Presidente Tusk anunció una convocatoria del Consejo Europeo para el 29 de abril, y un día después hizo público el texto de las orientaciones que se deberían debatir y aprobar en esa reunión.
    • 3. Una vez fijadas tales orientaciones, y lógicamente de acuerdo con lo que establecido en ellas, la Comisión debe presentar al Consejo (los Ministros de los 27) una recomendación sobre la apertura de las negociaciones, para que este adopte una decisión por la que se autorice tal apertura y se designe al negociador (art.218.3 TFUE). De hecho, y anticipándose a esta secuencia, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 ya decidieron designar a la propia Comisión como negociador por parte de la UE, y nombrar al excomisario Michel Barnier como negociador principal.
    • 4. Una vez concluidas las negociaciones, corresponde al Consejo aprobar o, dicho en los términos del art. 50.1 TUE, “celebrar” el acuerdo que establezca la forma de retirada del Reino Unido. Advierte el mismo artículo 50.1 que la negociación y celebración del este acuerdo debe hacerse “teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión”. De forma que en realidad debemos contemplar no uno sino dos acuerdos: el acuerdo de retirada y el acuerdo por el que se establezcan las relaciones futuras de la UE con el Estado saliente, (aunque este último no es imprescindible, ni siquiera seguro, puesto que la negociación puede fracasar, en cuyo caso el Estado saliente quedaría totalmente desvinculado de la UE).
      Añade el artículo citado que para la “celebración” del acuerdo de retirada por parte del Consejo se requiere la previa aprobación del Parlamento Europeo. El Tratado no dice cómo, por lo que se entiende que ha de ser por votación por mayoría simple. En cuanto al Consejo, se requiere mayoría cualificada reforzada que debe ser, como mínimo (art. 238.3.b TFUE,) del 72% de los 27 Estados miembros -esto es, 20 Estados-, que reúnan como mínimo el 65% de su población (de los 27). Obviamente, el Estado saliente, el Reino Unido, también debe ratificar el acuerdo de conformidad con sus normas constitucionales.
    • 5. La negociación de la retirada no puede durar más de dos años. Según establece el art. 50.3 TUE, a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada, si es que se llega a un acuerdo, o en su defecto a los dos años de la notificación de retirada, “los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate”. Este plazo de 2 años solo podría prorrogarse si así se decidiera por unanimidad por el Consejo Europeo de acuerdo con el Estado en cuestión.
      Obsérvese que el mecanismo previsto por el art.50 es de una gran severidad: es el Estado en cuestión, el Reino Unido en este caso, el que decide si se retira o no, y cuando, pero las condiciones de la retirada se deciden por el Consejo y el Parlamento Europeo. Y si en el plazo de 2 años no hay acuerdo la retirada es absoluta, es decir, el Estado queda totalmente desvinculado de la UE.
    • 6. Si el Estado miembro que se ha retirado de la UE deseara reincorporarse de nuevo, debería solicitarlo como cualquier otro tercer Estado, siguiendo el procedimiento del art. 49 TUE.

    El procedimiento de retirada hasta aquí expuesto, que es el establecido por los Tratados, aunque aparentemente detallado, deja abiertos unos cuantos interrogantes.

    Uno de ellos se refiere a la posibilidad de que el Reino Unido decidiera dar marcha atrás y anular su notificación de retirada antes de expirar el plazo de los 2 años. Hoy por hoy esa posibilidad no está planteada, pero como hipótesis cabe preguntarse si tal marcha atrás sería posible.

    Los Tratados no dicen nada al respecto, y en ausencia de normas se debería deducir que tal derecho de rectificación es legalmente posible. Así parecen entenderlo bastantes juristas, aunque las “Hojas Informativas” de la Comisión Europea afirman que el artículo 50, una vez activado, no puede cancelarse de forma unilateral. Es decir, la notificación es irreversible De acuerdo con esta interpretación, para que el Reino Unido pudiera revocarla sería necesario que la Unión de 27 lo aceptase también. Es una interpretación discutible, pero en todo caso es algo que solo debería preocupar si en un futuro se diera tal circunstancia.

    Otro interrogante se refiere a la forma en que los Estados miembros de la UE -los 27- pueden y deben efectuar el seguimiento de las negociaciones. Es obvio que el equipo de Barnier debe disponer de un suficiente margen negociador, pero es también obvio que los Estados miembros deben disponer de información sobre la marcha de unas negociaciones cuyo resultado final habrán de votar.

    A este respecto, se pretende que el equipo negociador mantenga sistemáticamente informados al Consejo Europeo, al Consejo y al Parlamento de la marcha de las negociaciones. Y a tal fin responde la creación de un grupo de trabajo en el Consejo para garantizar que tales negociaciones se desarrollen siguiendo las orientaciones y directrices dadas en su día por el Consejo Europeo y el Consejo. Por su parte el Consejo Europeo pretende ocuparse de manera permanente de la cuestión, e incluso actualizar sus orientaciones durante la negociación en caso de que lo estimara necesario.

    El tercer interrogante, de mucho mayor calado, se refiere al orden de la negociación. Ya indicamos antes que esta debe versar sobre dos acuerdos, uno que determine las condiciones de salida del Reino Unido, y otro que establezca sus relaciones futuras con la UE de 27. Y la cuestión a dilucidar es si tales acuerdos se deben negociar de forma simultánea o sucesiva.

    De la redacción del art.50 TUE podría entenderse que se debieran negociar en paralelo, puesto que el acuerdo de salida debe celebrarse “teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión”. Pero esto tampoco exige negociaciones al mismo ritmo, ni siquiera compromiso previo acerca de cuáles serían esas relaciones futuras, de forma que puede entenderse que el citado artículo permite cualquiera de las dos alternativas.

    A favor de negociar ambos acuerdos de forma sucesiva, primero el de salida y después el relativo a la relación futura se puede aducir que, mientras el primero podría, con dificultades, concluirse en el plazo previsto de dos años, el segundo requerirá más tiempo. De forma que sería preferible concluir primero el acuerdo de retirada para no agravar las incertidumbres del proceso, y solo después negociar el segundo. Pero esta opción tiene el problema de que requeriría un período transitorio entre ambos acuerdos, que también sería preciso negociar (con lo que nos encontraríamos no ya con dos acuerdos, sino con tres).

    Empero la decisión acerca del orden de negociación no es de naturaleza técnica ni procedimental, sino que tiene un profundo calado político. El acuerdo de retirada va a exigir pactar cuestiones muy espinosas, como la del arreglo financiero, es decir, la suma que el Reino Unido debería abonar a la UE para atender a sus compromisos pendientes (puesto que muchos programas de gasto se extienden más allá de la fecha de salida).

    El Reino Unido pretende que ambos acuerdos se negocien simultáneamente, y así lo ha manifestado la Sra. May en su carta a Tusk. Parece evidente que su propósito es ligar la negociación del arreglo financiero, y en general todos los términos de la retirada, a los resultados que se obtengan en la negociación de las relaciones futuras entre el Reino Unido y la UE, con el propósito de forzar una estrategia de concesiones mutuas. Es de suponer que un buen acuerdo comercial justificaría ante la opinión pública británica la aceptación de unas condiciones duras en el arreglo financiero.

    Por el contrario la UE se decanta por negociar primero los aspectos cruciales del acuerdo de retirada (entre ellos, el arreglo financiero), antes de sentarse a negociar el acuerdo sobre las relaciones futuras. La UE entiende que, aunque el art.50 parece ligar ambos acuerdos, ello no significa que deban necesariamente progresar al mismo ritmo. En consecuencia pretende que no se inicie la negociación del segundo hasta que el Consejo Europeo considere que se han alcanzado avances suficientes en el primero. Esto implica, para hablar claro, que la UE no va a abordar la negociación sobre el acuerdo futuro hasta que se haya cerrado el arreglo financiero y los británicos hayan aceptado pagar por sus compromisos pendientes. Incluso advierte que el acuerdo sobre las relaciones futuras no puede firmarse hasta que el Reino Unido haya salido de la UE y se haya convertido en país tercero. Ello coloca evidentemente al Reino Unido en una situación de desventaja en las negociaciones.

    El acuerdo de retirada

    A nadie se le escapa la enorme complejidad de un acuerdo de retirada de un Estado miembro, cuestión para la que no existen precedentes. Incluso aquellas cuestiones de carácter estrictamente técnico, y no polémicas, requerirán mucho tiempo y esfuerzo. No será fácil culminarlas en el espacio de dos años, que en realidad se reducen a unos 18 meses porque se necesitará cierto tiempo para cumplir los trámites legales (aprobación por el Parlamento y el Consejo, ratificación por el Reino Unido…).

    Pero dentro de este acuerdo de retirada hay que abordar cuestiones de especial trascendencia política, cuya negociación se avecina difícil. Por ejemplo, los derechos futuros de los casi 3 millones de ciudadanos europeos actualmente residentes en el Reino Unido, y el cerca del millón de británicos residentes en la UE. Aun cuando exista buena voluntad por ambas partes para no perjudicar a estos colectivos, hay bastantes aspectos complicados a decidir: cuál sería la duración de estos derechos, si incluirían o no el derecho de “reagrupamiento familiar”, cuál sería la situación de los residentes temporales, cuál sería la fecha de “corte” (puesto que durante los dos años de negociaciones el Reino Unido sigue obligado a respetar la libre circulación de personas dentro de la UE, y es de suponer que seguirán llegando ciudadanos comunitarios al Reino Unido)…

    Más espinoso si cabe es el problema relativo al arreglo financiero al que antes ya nos hemos referido. La UE y el Reino Unido deberán hacer cuentas para determinar los débitos y créditos recíprocos, y las sumas que el segundo debería abonar para atender a las obligaciones pendientes. Y a tal fin la Comisión fijará los principios y la metodología de cálculo. Pero el problema es que no existe un criterio único e indiscutible para fijarlos, y en consecuencia no está claro que el criterio adoptado por la Comisión, y por tanto el importe resultante, sean aceptados de forma pacífica por los negociadores británicos. Se ha barajado en los medios una cifra en torno a los 60.000 millones de euros, pero se citan también otras cifras por encima y por debajo de la misma. No parece que cifras de esta magnitud sean fáciles de digerir por el Parlamento de Westminster ni por la opinión pública británica.

    La negociación que se avecina no será nada fácil, y es demasiado pronto para aventurar pronósticos, aunque cabe temer que el debate sea bronco. Y es también de temer que los tabloides no contribuirán precisamente a serenar los ánimos de la opinión pública a ambos lados del Canal

    Como antes se dijo, el Consejo Europeo -los 27- pretende que estas cuestiones sean las que se negocien en primer lugar, y que solo cuando hayan sido acordadas se pueda comenzar a trabajar sobre el marco de relaciones futuras. No se trata de aplazar cualquier conversación sobre este último hasta que el acuerdo de retirada esté concluido en todos sus aspectos. Tal cosa sería poco razonable, además de poco realista (difícilmente podría el Gobierno británico presentar a su Parlamento un acuerdo de retirada que incluyese el pago de un finiquito de cierta importancia sin conocer siquiera cuál sería su relación futura con la Unión). Pero sí que solo se pueda iniciarse una vez que el Consejo Europeo determine que se ha alcanzado un “progreso suficiente” en el acuerdo de salida. Así pues, durante los dos años que supuestamente dure la negociación sobre el acuerdo de retirada se habrá avanzado también en el acuerdo de futuro, de forma que cuando el primero esté concluido, se disponga también de un proyecto razonable sobre el segundo. Pero el acuerdo sobre las relaciones futuras no se podrá concluir y firmar hasta que el Reino Unido haya abandonado la UE y se haya convertido por tanto en un país tercero.
    Esto evidentemente exige prever un período transitorio y establecer unas reglas para que no se produzca una quiebra entre ambos. Sería absurdo que durante ese tiempo el Reino Unido quedase totalmente desvinculado de la UE (lo que supondría, por ejemplo, la aplicación de aranceles). Pero para evitar situaciones conflictivas, tal período transitorio debe estar claramente definido, limitado en el tiempo, y sujeto a mecanismos de control.

    El futuro marco de relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea.

    En lo que respecta al marco futuro de relaciones, son varios los modelos posibles, desde el llamado “modelo noruego” (integración en el Espacio Económico Europeo), o el parecido “modelo suizo”, al “modelo turco” de unión aduanera, o al “modelo canadiense” de acuerdo comercial amplio. Pero estas posibilidades teóricas han quedado ya despejadas, por cuanto el Gobierno británico ya ha señalado qué tipo de acuerdo pretende suscribir con la UE de 27.

    La postura del Reino Unido quedó claramente formulada en el discurso de la Sra. May en la conferencia del Partido Conservador de octubre de 2016 en Birmingham, y fue reiterado después en su discurso de Lancaster House de 17 de enero de 2017, y a continuación en el Libro Blanco hecho público el 2 de febrero.

    En tales textos el Gobierno británico anunciaba sus intenciones en determinados puntos: Que negociará con una sola voz, en nombre de todo el Reino Unido (sin negociaciones paralelas de escoceses, galeses o norirlandeses). Que el Reino Unido saldrá de la UE como uno solo, sin que ninguna parte de él pueda permanecer dentro (cosa en todo caso imposible). Y que para evitar la inseguridad jurídica acerca de la normativa vigente en el Reino Unido tras la salida, aprobará una Ley de Revocación (Repeal Bill) incorporando al Derecho británico toda la legislación comunitaria aplicable hasta ese momento (legislación que luego se podría modificar eventualmente caso por caso).

    Pero más importante eran las líneas rojas que establecía:

    • 1. Que el Reino Unido no aceptará la normativa europea ni la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (“nuestras leyes no se harán en Bruselas sino en Westminster”. Los jueces que interpreten esas leyes no se sentarán en Luxemburgo, sino en los tribunales de este país”).
    • 2. Que el Reino Unido no aceptará la libertad de movimientos de personas que los Tratados garantizan a los ciudadanos europeos, sino que se reservará el derecho de controlar tales movimientos (“nosotros decidiremos por nosotros mismos cómo controlamos la inmigración”).

    Por su parte la UE dejó también clara desde el principio cuál era su postura: Que las cuatro libertades de movimiento de mercancías, servicios, personas, y capitales son inseparables, y no es posible rechazar una de ellas y mantener las restantes. Que el acuerdo deberá ser equilibrado, y no se permitirá al Reino Unido una estrategia de “cherry-picking” para “quedarse con lo bueno y rechazar lo malo”. Y que, dicho sin propósito alguno de represalia ni castigo, el acuerdo deberá tener un coste para el Reino Unido, porque “no se puede estar mejor fuera que dentro”, ya que ello sería una invitación a que otros Estados abandonasen también la Unión.

    Durante los nueve meses transcurridos entre el referéndum y la notificación de retirada se discutió hasta la náusea, en el Reino Unido y en Europa, si se produciría un “Brexit hard”, o un “Brexit light”, whatever it means. En este punto fueron muchos los comentaristas que parecieron copiar a Humpty Dumpty cuando decía que “las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen”. Pero si por “Brexit duro” se entiende quedar fuera del mercado único, tal alternativa ya había quedado en realidad despejada en el propio referéndum. Recordemos que su resultado reflejó el deseo de los británicos de limitar la inmigración, y devolver la soberanía plena a Westminster, rechazando las normas de Bruselas. De forma que la renuncia al mercado único formulada por la Sra May en los discursos y documentos antes señalados no hacía otra cosa que formalizar lo que el pueblo británico ya había expresado en el referéndum.

    Las dos decisiones británicas antes citadas hacen totalmente imposible la permanencia del Reino Unido en el mercado único. Al votar lo que votaron, los británicos estaban implícitamente votando, aunque quizá no fueran conscientes, su salida del mercado único. De forma que, al manifestar la Sra. May, en su discurso de Lancaster House y en su carta a Tusk que “el Reino Unido no pretende permanecer en el mercado único”, no hacía otra cosa que reconocer la evidencia. Expliquemos porqué.

    Aparte de que las cuatro libertades de movimiento de mercancías, servicios, personas y capitales son partes legalmente inseparables del mercado único, debe recordarse que tal mercado único consiste precisamente en un conjunto de normas comunes, de forma que si tales normas no se aceptan, ni se acepta la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE, se está rechazando la propia esencia mercado único.

    Veamos esto último con algún detenimiento. Los países tienen normas de calidad, de protección al consumidor, normas sanitarias, estándares de fabricación, normas técnicas, que regulan las características de los productos que se pueden vender en su mercado doméstico. De forma que un fabricante extranjero que pretenda vender allí sus productos deberá fabricarlos de acuerdo con dichas normas. Y si pretende venderlos en distintos mercados con distintas normas, deberá tener líneas de fabricación diferenciadas para cada uno de esos mercados. En ese contexto, la consecución de un mercado único que englobe a la totalidad de los Estados miembros de la UE consiste precisamente en que todos tengan las mismas normas, de forma que el fabricante citado pueda vender sus productos indistintamente en cualquiera de ellos. Por eso se llama precisamente “mercado único”. Tales normas comunes son dictadas por la UE en forma de Reglamentos y Directivas, y los Estados miembros deben aplicar los primeros, y trasponer las segundas a su Derecho interno. Y si alguno no lo hiciere, sería demandado por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, el cual podría imponerle una sanción. Es por tanto obvio que si el Reino Unido rechaza la legislación europea y la jurisdicción del Tribunal se está autoexcluyendo del mercado único.

    Por supuesto, que el Reino Unido quede fuera del mercado único no significa que no pueda vender sus productos en el mercado europeo. Son muchos países los que exportan sus productos a la UE sin formar parte del mercado único, y son muchos los que lo hacen al amparo de acuerdos comerciales que contemplan la eliminación de aranceles y barreras aduaneras.

    En esta línea, es perfectamente coherente que el Reino Unido pretenda negociar con la UE un Acuerdo de Libre Comercio ambicioso, “de un ámbito y ambición mayores que los de cualquier acuerdo anterior” como la Sra. May expresa en su carta.

    Lo que parece hoy por hoy descartado es un acuerdo de unión aduanera, puesto que el Gobierno británico ha advertido que negociará por su cuenta acuerdos comerciales con terceros países, y no aceptará por tanto ni la política comercial común ni la tarifa exterior común que son precisamente el contenido de una unión aduanera.

    Pero un acuerdo de libre comercio ambicioso es perfectamente posible, y parece una pretensión razonable y de interés para todos. Al fin y al cabo existe un intenso intercambio comercial entre el Reino Unido y los restantes miembros de la UE que sería deseable preservar. Y tal acuerdo debiera ser de mayor alcance que un simple acuerdo comercial, para incluir providencias relativas a cuestiones como la prestación de servicios, las inversiones, los transportes, la actividad pesquera y muchas otras que han tejido las relaciones económicas entre el Reino Unido y la UE a lo largo de estos 40 años. La gran ventaja para negociar tal acuerdo es que tenemos un modelo en que inspirarnos, que es el recientemente aprobado Acuerdo Económico y Comercial (CETA) con Canadá (de los denominados “Deep and Comprehensive Trade Agreements”), que podría aplicarse, adaptado e incluso ampliado, al Reino Unido. Una especie de “Canadá Plus”.

    En lo que respecta al comercio de mercancías, un acuerdo que elimine las barreras arancelarias y no arancelarias es posible, y va en interés de ambas partes, pero las facilidades que otorga la pertenencia al mercado único exigen, como antes dijimos, una normativa común, o en todo caso igual, en lo que respecta a los estándares técnicos, y ese problema no parece sencillo de resolver aun cuando el punto de partida actual, la vigente normativa comunitaria, sea igual a ambos lados del Canal.

    En cuanto a esto último, la carta de la Sra. May a Tusk contiene referencias a sectores cruciales como los servicios financieros o las industrias de red, respecto a los cuales alude un tanto crípticamente a “gestionar la evolución de su marco regulatorio para mantener un entorno honesto y abierto”, lo que parecería sugerir una equivalencia normativa que propicie un régimen cercano al mercado único.

    El terreno de los servicios financieros es evidentemente el más complicado. Para el Reino Unido mantener el statu quo de los bancos y demás entidades financieras de la City es de especial importancia. La City es, hoy por hoy, la capital del euro. Y los servicios financieros tienen un peso en el PIB británico superior al 10 por 100. La pérdida del “pasaporte comunitario” obligaría a estas entidades a trasladar su sede a alguno de los 27 miembros de la UE para poder realizar determinadas actividades. No parece que ello implicase el traslado de una masa significativa de personas, pero sí pérdida de negocio, y por tanto de ingresos fiscales.

    ¿En qué consiste este llamado “pasaporte europeo”?. Expresado de forma simple, implica que una entidad financiera con licencia para operar en un Estado miembro puede ofrecer sus servicios en los demás (bien directamente, bien mediante una filial, aplicando estándares prudenciales comunes y sin mayores cargas administrativas). Y ello en base a la libertad de prestación de servicios financieros que proporciona el mercado único. Las entidades financieras británicas disfrutan de tal libertad en la medida en que están sometidas a los Reglamentos y Directivas sobre servicios financieros de la UE, y a la regulación de la European Banking Authority (EBA), y en consecuencia están sujetas a supervisión de acuerdo con tales normas. Si el Reino Unido rechaza la legislación europea y la jurisdicción del TJUE, y queda por tanto fuera del mercado único, estas entidades financieras tendrían que trasladar su sede a algún otro país integrado en tal mercado único, para quedar sujetas tanto a la normativa europea en materia de entidades y servicios financieros, como a la supervisión por parte del BCE.

    Es cierto que habría una posibilidad de permanencia, que es la brindada por los artículos 46 y 47 del MiFIR (Reglamento 600/2014), que permiten la aplicación del “principio de equivalencia”, según el cual las entidades de un país tercero pueden prestar sus servicios en los mercados financieros de los miembros de la UE si tal país cuenta con normas y autoridades de supervisión equivalentes a las de la UE. Pero este principio tendría que ser reconocido por la UE. Y en todo caso exigiría que el Reino Unido tuviera en todo momento una normativa equivalente a la de la UE, que se modificase cada vez que lo hiciese esta última, y lo hiciese en igual sentido, y que la UE validase en cada momento esta normativa y estas modificaciones, lo que casa mal con las llamadas a la soberanía de Westminster que el Brexit proclama. Por otra parte, la UE podría revocar este régimen de equivalencia en cualquier momento. Por todo ello, la situación resultante sería de una inestabilidad e incertidumbre malamente asumibles por los bancos de la City.

    Todo lo anterior hace pensar que muy posiblemente la pérdida del pasaporte europeo de sus bancos será uno de los precios a pagar por el Reino Unido por su salida de la UE.

    Conclusión

    Alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes no va a ser nada fácil. Ya se comentaron anteriormente algunos de los principales puntos de conflicto, como la liquidación de los compromisos pendientes o la libertad de prestación de servicios financieros. Por otra parte, el posible desfase entre el acuerdo de salida y el nuevo acuerdo económico y comercial UE-UK exigirá un período transitorio que por sí mismo será una nueva fuente de problemas, tanto en cuanto a su duración como a su alcance y contenido.

    La negociación será presumiblemente dura, y es de esperar que se vivan momentos de tensión, que desgraciadamente serán jaleados a ambas lados del Canal. De hecho, tanto Tusk como May han dejado la puerta abierta a la posibilidad de que finalmente el acuerdo no sea posible. Pero es tanto lo que está en juego, son tantos los intereses económicos y comerciales que unen a las dos partes, que uno no puede concebir la idea de que finalmente el Reino Unido quede totalmente desligado de la UE. La razón nos induce por tanto a ser optimistas.

    El posible acuerdo UE-UK, en la medida en que cubra todos los aspectos de las relaciones económicas entre las partes, no será, lógicamente, un acuerdo “EU only”, puesto que afectará a materias que son competencia de los Estados miembros. De forma que tal acuerdo, aparte de su aprobación por parte de la UE según el procedimiento correspondiente, requerirá la aprobación de todos y cada uno de los 27 miembros de la UE, lo mismo que sucedió en el caso del CETA con Canadá. Pero para eso falta aún mucho tiempo.

    Ver más artículos